Desde el 28 de octubre, los operadores de juego online de ámbito estatal deben cumplir las nuevas disposiciones del artículo 21 del Reglamento de prevención del blanqueo de capitales, modificado por el Real Decreto 813/2026. Entre los cambios figura la obligación de comprobar que la persona titular de la cuenta de juego es también la titular de los medios de pago empleados para realizar depósitos y retiradas.
La normativa contempla distintas vías para acreditar la identidad en las relaciones no presenciales, entre ellas la firma electrónica, la documentación expedida por fedatario público, el primer ingreso desde una cuenta bancaria del propio cliente y otros procedimientos seguros que cumplan los requisitos mínimos establecidos en las autorizaciones generales de SEPBLAC. Dentro de esta última categoría se encuentra la vídeo-identificación.
El nuevo marco incluye un periodo transitorio de seis meses, hasta el 28 de abril de 2027, para que los operadores y los jugadores ya registrados adapten sus sistemas y medios de pago. Durante ese plazo, los usuarios podrán seguir depositando fondos y participando en los juegos, pero no podrán retirar los premios hasta que se haya verificado la coincidencia de titularidad.
En este contexto, Veridas promociona su solución de vídeo-identificación, que combina la captura del documento de identidad, una prueba biométrica con detección de vida, la grabación del titular mostrando el documento y una validación automática, seguida de una revisión por un agente especializado. Según la compañía, el procedimiento cuenta con un informe jurídico independiente y una evaluación técnica de conformidad de DEKRA.
La empresa sostiene que su tecnología se ajusta a los requisitos generales de SEPBLAC y destaca su experiencia en el desarrollo de soluciones de verificación de identidad para distintos sectores, incluido el del juego. Su propuesta busca facilitar a los operadores la adaptación de sus procesos de identificación y control.
La próxima referencia regulatoria será el Reglamento europeo contra el blanqueo de capitales (AMLR), cuya aplicación directa está prevista para el 10 de julio de 2027. De este modo, los operadores afrontan un periodo de adaptación en el que deberán revisar sus procedimientos de identificación, verificación de usuarios y control de los medios de pago.
